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“La gente está recibiendo signos de endurecimiento del sistema sin obtener ningún beneficio a cambio, por lo que es urgente que el Gobierno tome medidas para mejorar la calidad de vida del usuario”. Tales expresiones corresponden al especialista en transporte urbano y académico de nuestra Casa de Estudios, Dr. Rodrigo Martin, quien además sostiene que el listado de evasores, que regirá desde el 5 de junio como anunció el Ejecutivo a través del Diario Oficial, castiga a quienes tienen dificultades económicas para pagar el servicio.
La especialista en migración y académica de nuestra Universidad, Dra. Carmen Norambuena, sostiene que la estabilidad democrática explica el alza de casi 800% de las solicitudes de refugio en nuestro país. “Chile está de moda, porque se acaban de realizar elecciones presidenciales en un marco de total democracia y transparencia del proceso. Eso representa una importante ventaja para quienes deciden venir, pues advierten estabilidad”, afirma.
El especialista en gestión tributaria y académico de nuestra Casa de Estudios, Dr. Germán Pinto, considera errada la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII) a las declaraciones de impuestos de quienes emiten boletas de honorarios. A su juicio, no es correcto retener el pago cuando son rechazadas, ya que las empresas, que cometen el error al proporcionar mal la información, son quienes debieran asumir los costos. “No es lógico que se suspenda la devolución al trabajador hasta que la empresa rectifique”, sostiene.
El especialista en transporte y académico de nuestra Casa de Estudios, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, advierte que las congestiones vehiculares, como la que se produjo el domingo pasado en la Ruta 68, provocarían menos problemas si se obliga a las concesionarias a proveer información oficial y actualizada sobre lo que ocurre en las vías principales y adyacentes; esto, con el fin de que los conductores no colapsen una única alternativa vial.
La decana de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad, Dra. Helia Molina, advierte que las modificaciones al instructivo que facilita la abstención de aquellos recintos que rechazan este procedimiento médico, “solo obstaculizan la atención de las mujeres que necesitan realizarse un aborto por las tres causales aprobadas”.
“Aunque el trabajador promedio pudiese estar en desacuerdo, tal como indican algunas encuestas, si uno observara el efecto de esta política pública en el largo plazo, sería beneficiosa”, argumenta el psicólogo organizacional y académico de nuestra Casa de Estudios, Dr. Raúl Berríos, en referencia a la evidencia que sugiere que la libertad de una persona para escoger su periodo de descanso redunda en un mayor bienestar y calidad de vida. Justamente ése es el objetivo del proyecto de ley que se discute en el Congreso y que pretende aumentar los días de vacaciones a cambio de la eliminación de feriados impuestos por calendario, tal como ocurre actualmente.
La especialista en migración y académica de nuestra Casa de Estudios, Dra. Daisy Margarit, califica como un avance el rechazo de la Corte Suprema a la expulsión colectiva del grupo de extranjeros, hecho ocurrido a principios de marzo en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. “El fallo va a generar una alerta. Las conductas de la Policía de Migraciones serán cada vez más observadas”, enfatiza.
El especialista en transporte urbano y académico de nuestra Casa de Estudios, Dr. Rodrigo Martin, advierte que el proceso desechado por la actual administración podría haberse puesto en marcha con mayor rapidez. Por eso, considera que faltó mayor determinación por parte de las autoridades del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet al momento de adjudicar una convocatoria que, a su juicio, habría generado mejoras sustantivas en el transporte público. “Cuando se hacen licitaciones en periodos electorales, se corre el riesgo de que el criterio sea más político que técnico”, puntualiza.
El autor del libro ‘Tratado de 1904: Negociaciones e intereses involucrados’ y académico de nuestra Casa de Estudios, Dr. Cristián Garay, asegura que ninguna de las tratativas en el marco del Acuerdo de Charaña, en el que Banzer y Pinochet intentaron concretar un canje territorial por la vía política, invalidan lo establecido en el pacto que estableció los límites territoriales entre ambos países a principios del siglo XX. “Cuando se estudió la factibilidad de un corredor, finalmente se tuvo que recurrir a la cláusula que ya existía en el Tratado, que obligaba a solicitarle permiso a Perú”, afirma.
El especialista en transporte y académico de nuestra Casa de Estudios, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, considera como una “mala noticia” el rechazo del Senado a la disposición que rebajaba de 60 a 50 km/h la velocidad máxima en ciudades. A su juicio, el Gobierno debe reponer el debate en el Parlamento, pero concentrándose en los mecanismos de fiscalización, a fin de que los conductores acaten efectivamente la norma. “Mientras más baja la velocidad, la gravedad y mortalidad de los accidentes de tránsito disminuye”, puntualiza.
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